El «principio de legalidad tributaria» es aquel en virtud del cual ningún tributo puede ser exigido si no ha sido previamente creado por una ley formal. El mismo se inspira en el aforismo » nullum tributum sine legem» que significa «no hay tributo sin ley» y constituye un pilar del sistema impositivo en Venezuela.

Basamentos jurídicos.

El principio de legalidad tributaria tiene su basamento tanto en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como en el Código Orgánico Tributario y leyes tributarias especiales.

La Constitución, en su artículo 317, preceptúa que:

«No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes…» (transcripción parcial).

Por otra parte, el Código Orgánico Tributario, en su artículo 3, dispone que:

«Solo a las leyes corresponde regular, con sujeción a las normas generales de este Código, las siguientes materias:

1. Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho imponible, fijar la alícuota del tributo, la base de cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo.

2. Otorgar exenciones y rebajas de impuesto.

3. Autorizar al Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones y otros beneficios o incentivos fiscales.

4. Las demás materias que les sean remitidas por este Código.
…» (Transcripción parcial).

El principio de legalidad tributaria es crucial para el adecuado funcionamiento del sistema tributario del país pero no es el único. Existen otros principios que también son de gran relevancia para asegurar el adecuado cumplimiento de la ley así como la justa distribución de las cargas públicas. Por ejemplo, el de capacidad contributiva, no confiscatoriedad, igualdad y equidad, irretroactividad y tutela jurisdiccional, entre otros.

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