Los abogados venezolanos hemos observado de primera mano la dinámica de transformación que vive nuestro sistema procesal judicial. La adaptación de nuestros códigos procesales a la era digital no es un simple capricho de modernidad, sino una necesidad imperativa para garantizar la eficacia y accesibilidad de la justicia.
El Impulso Inesperado hacia la Justicia Digital
Históricamente, la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la administración de justicia venezolana ha sido un proceso lento y gradual. A pesar de que la necesidad de esta transformación era ampliamente reconocida, la inercia y la resistencia al cambio, inherentes a muchos marcos legales tradicionales, actuaron como barreras significativas.
Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020 actuó como un catalizador inesperado y decisivo. La crisis sanitaria obligó a una adopción acelerada, aunque en ocasiones fragmentada y sin una planificación estratégica a largo plazo, de modalidades digitales dentro del sistema judicial. Esta situación subraya que, si bien el fundamento para la digitalización ya existía, el verdadero motor del cambio fue una circunstancia de fuerza mayor.
Una Evolución Reactiva y sus Desafíos
La adaptación tecnológica de nuestro derecho procesal ha sido, en gran medida, una evolución reactiva como consecuencia de crisis sanitarias de alcance global.
A diferencia de una transformación estratégica y proactiva, este enfoque de emergencia ha generado una serie de desafíos importantes que debemos abordar:
👉 Inconsistencias normativas: La falta de un plan integral ha dado lugar a la creación de normativas y resoluciones que, en ocasiones, pueden ser incoherentes entre sí o dejar vacíos legales, lo que afecta la seguridad jurídica.
👉 Brechas de infraestructura: La implementación digital se ha visto limitada por la falta de una infraestructura tecnológica robusta y uniforme en todas las sedes judiciales del país, lo que puede generar inequidad en el acceso a la justicia.
👉 Modelo operativo híbrido: Nos encontramos en un punto intermedio, donde coexisten procesos digitales y tradicionales. Si bien esta dualidad puede ser necesaria como fase de transición, su gestión desordenada puede generar fricciones y demoras.
👉 Actualización profesional en TICs: La actualización de jueces, abogados y demás actores involucrados en la administración de justicia en materia de TICs es un imperativo que deberá abordarse desde una perspectiva estratégica eficiente y efectiva.
Hacia una Transformación Estratégica
El estado actual del derecho procesal digital en Venezuela nos muestra que hemos superado la inercia inicial, pero ahora nos enfrentamos al reto de consolidar este avance. Es crucial que la etapa de reacción dé paso a una fase de planificación estratégica. Es nuestra responsabilidad como profesionales del derecho colaborar en la construcción de un marco normativo unificado y robusto que permita una justicia digital equitativa, eficiente y accesible para todos. Solo así podremos garantizar que la tecnología sea una herramienta para el progreso y no una fuente de nuevas barreras.
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