El supuesto de hecho
La interdicción civil es una medida legal que se aplica a personas que, debido a una enfermedad mental grave, habitual y actual, han perdido la capacidad de tomar decisiones por sí mismas y de cuidar de sus propios intereses. En esencia, es una forma de protección para aquellos individuos que, por su condición, no pueden ejercer plenamente sus derechos civiles.
¿En qué consiste?
A través de un proceso judicial, se declara a una persona «interdicta», lo que significa que se le priva de su capacidad de obrar (capacidad negocial). Esto implica que no puede realizar ciertos actos legales, como firmar contratos, vender bienes o tomar decisiones sobre su patrimonio.
¿Por qué se aplica?
El objetivo principal de la interdicción es salvaguardar los derechos y bienes de la persona afectada, evitando que sufra daños o perjuicios debido a su incapacidad. Además, busca garantizar su bienestar y protección.
¿Quién toma las decisiones?
Una vez declarada la interdicción, se le designa a la persona afectada un tutor o una tutora, quien tendrá a su cargo su representación legal y tomará las decisiones que sean necesarias en su nombre. El tutor o la tutora debe actuar siempre en el mejor interés del interdicto.
¿Cómo se inicia el proceso?
El proceso de interdicción puede ser iniciado por un familiar, un amigo cercano o cualquier persona que tenga conocimiento de la situación y considere que la persona necesita ser protegida.
¿Es permanente?
Esta medida no es necesariamente permanente y puede ser revisada y modificada por un juez si las circunstancias cambian.
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Nota: Esta publicación es de carácter estrictamente informativo y no constituye asesoría o consejo legal formal aplicable a casos particulares o específicos.
